Mientras la CAN exige desmontar las restricciones, Ecuador mantiene aranceles a Colombia y prolonga un conflicto que afecta la movilidad en frontera.
La disputa comercial entre Ecuador y Colombia entró en una nueva fase luego de que el gobierno ecuatoriano acudiera a la Comunidad Andina (CAN) y a su Tribunal de Justicia para intentar frenar las resoluciones que le ordenan desmontar las restricciones aplicadas a productos colombianos. La decisión mantiene abierto un conflicto que ya impacta el comercio fronterizo y comienza a generar inquietud en sectores vinculados al turismo y la conectividad regional.
Las acciones legales fueron radicadas el 20 de mayo, un día antes de que venciera el plazo otorgado por la Secretaría General de la CAN para eliminar dos medidas adoptadas por Ecuador en medio de las tensiones bilaterales: el arancel del 100 % a productos colombianos y la limitación del Puente Internacional de Rumichaca como único paso habilitado para el ingreso terrestre de mercancías provenientes de Colombia.
Aunque el organismo andino concluyó que estas disposiciones vulneran los compromisos del Acuerdo de Cartagena y afectan la libre circulación dentro del bloque, el gobierno ecuatoriano decidió mantener el arancel vigente. La tarifa, sin embargo, bajará al 75 % a partir del 1 de junio, según lo anunciado previamente por el Ejecutivo.
Uno de los recursos presentados por Ecuador busca revertir la Resolución 2582 de la CAN, emitida el pasado 7 de mayo, que ordena retirar la denominada “tasa de servicio de control aduanero”, convertida en la práctica en un gravamen del 100 % para las importaciones colombianas. Quito argumenta que durante el proceso no se respetaron los tiempos establecidos en el procedimiento andino.
Paralelamente, el gobierno ecuatoriano también presentó recursos contra la Resolución 2581, relacionada con las restricciones en Rumichaca, uno de los pasos fronterizos más importantes entre ambos países.
El comercio fronterizo y la movilidad regional comienzan a resentir el conflicto
La controversia ocurre en un momento sensible para la integración andina. Más allá del choque diplomático y comercial, el conflicto tiene implicaciones sobre sectores que dependen del tránsito constante entre Colombia y Ecuador, especialmente en regiones de frontera donde el turismo, el transporte terrestre y las economías locales funcionan de manera interdependiente.
El corredor Ipiales-Tulcán no solo moviliza mercancías. También articula flujos de viajeros, operadores turísticos, comercio binacional y servicios asociados al tránsito entre ambos países. La desaceleración logística y las restricciones fronterizas terminan afectando la percepción de estabilidad en una zona clave para el turismo terrestre y regional.
La propia CAN advirtió que las disrupciones comerciales ya provocan pérdidas superiores a 340 millones de dólares y reducciones de más del 70 % en el intercambio bilateral. Más de 2.600 empresas colombianas y 2.000 ecuatorianas se han visto impactadas por las medidas y la incertidumbre generada alrededor de la relación comercial.
En departamentos colombianos como Nariño y Putumayo, el panorama comienza a sentirse con fuerza. Transportistas reportan caídas en su actividad y el comercio fronterizo muestra una fuerte contracción. Del lado ecuatoriano, la provincia de Carchi enfrenta miles de empleos en riesgo en una economía estrechamente vinculada al intercambio con Colombia.
Aunque las restricciones actuales se concentran en mercancías, el escenario puede tener efectos indirectos sobre el turismo regional. La incertidumbre en pasos fronterizos, el aumento del contrabando y la reducción de operaciones logísticas suelen impactar la movilidad terrestre y la confianza de viajeros y operadores, especialmente en rutas que históricamente han dependido de la integración andina.
El contexto también plantea interrogantes sobre la conectividad turística entre ambos países en un momento en que Sudamérica busca estimular el movimiento regional de viajeros y dinamizar economías locales a través del turismo intrarregional.
En 2024, Colombia registró exportaciones intracomunitarias por 3.197 millones de dólares dentro de la CAN, mientras Ecuador alcanzó 2.033 millones de dólares. En ambos casos, gran parte de las operaciones corresponden a mipymes y empresas ubicadas en corredores estratégicos de frontera.
Actualmente, la Secretaría General de la CAN analiza seis casos recíprocos relacionados con gravámenes, restricciones fronterizas y posibles incumplimientos en temas de transporte y energía entre ambos países. El organismo espera emitir nuevos pronunciamientos dentro de los plazos previstos por la normativa andina.
El episodio deja en evidencia las dificultades que enfrenta la integración regional cuando los problemas de seguridad y control fronterizo terminan trasladándose al ámbito comercial. Para sectores como el turismo, que dependen de la estabilidad y la cooperación entre países vecinos, el deterioro de la relación bilateral añade un nuevo factor de incertidumbre en la región andina.
