La propuesta legal, que será analizada por el pleno legislativo, otorgaría a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) la facultad exclusiva de fiscalizar y matricular los vehículos no tripulados superiores a 250 gramos de peso.
La Asamblea Nacional tramitará el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, una propuesta legal que busca incorporar, por primera vez, un marco regulatorio específico para el ingreso, inscripción y operación de aeronaves no tripuladas. Con esta normativa, los drones dejarían de ser considerados únicamente como herramientas tecnológicas de uso recreativo, comercial o institucional para integrarse formalmente a la legislación aeronáutica nacional.
La propuesta legal está agendada para ser debatida por el pleno legislativo el 25 de septiembre, y de ser aprobada, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) asumirá la responsabilidad central de registrar, autorizar, vigilar y fiscalizar el uso de tales unidades. El control normativo alcanzará a todos los aparatos de propiedad privada y pública, exceptuando exclusivamente a aquellos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Aduana.
Según los lineamientos técnicos detallados por la DGAC, la obligatoriedad de esta ordenanza comenzará con los equipos que superen los 250 gramos de peso. El legislativo busca con esto alinear los controles a los estándares internacionales vigentes para el manejo de estas tecnologías y mantener una trazabilidad precisa sobre su utilización.
Asimismo, el texto legal pretende estipular que la obligación de inscribir los vehículos aéreos en el Registro Aeronáutico Nacional se efectúe mediante un proceso simplificado y realizado 100 % en línea. El propósito es facilitar la identificación de los fines de cada operación, ya sean agrícolas, de monitoreo o de resguardo.
En este sentido, la fiscalización de los dispositivos que ingresen desde el exterior también será rigurosa bajo esta nueva normativa. Ningún elemento adquirido fuera del territorio podrá ser nacionalizado, desembarcado o liberado por la administración aduanera si no cuenta con la homologación técnica previa y el aval administrativo emitido por la DGAC.
La propuesta también establece una coordinación obligatoria entre la autoridad aeronáutica, el Servicio Nacional de Aduana, el Comité de Comercio Exterior y otras instituciones. Esta articulación tiene como finalidad supervisar la importación e introducción formal de la tecnología, previniendo riesgos para la integridad de las personas y bienes.
Por su parte, El parlamento plantea que la vigilancia operativa no recaiga de manera exclusiva sobre la entidad aeronáutica. Por su parte, la Policía Nacional tendrá la facultad de supervisar los vuelos en todo el territorio para verificar la legalidad de los operadores, mientras que las Fuerzas Armadas protegerán y custodiarán el espacio aéreo soberano.
En tanto, El proyecto de ley introduce además restricciones operativas estrictas para situaciones de emergencia. Volar un aparato particular en la zona circundante a un incendio forestal será calificado como una infracción muy grave, prohibición que no se aplicará a los equipos de los servicios públicos de rescate.
El régimen sancionatorio incluye penalizaciones económicas de entre 21 y 30 salarios básicos unificados o la suspensión del permiso correspondiente de tres a seis meses. Asimismo, ante contemplaciones donde un cuadróptero sea empleado para cometer un delito penal, se ordena su incautación coordinada entre las instituciones competentes.
La urgencia de este control estatal fue argumentada por la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Valentina Centeno, al advertir que «un dron está al servicio de la delincuencia organizada«. La legisladora fundamentó esta afirmación citando la reciente captura de dos personas que portaban un equipo adaptado para trasladar explosivos.
Esta preocupación por la protección interna fue respaldada por observaciones técnicas del Ministerio del Interior, que ratificó la necesidad de implementar este empadronamiento obligatorio gestionado por la DGAC.
