Con la ratificación de Ecuador, la OACI activó una reforma que eleva la participación de Estados en sus órganos clave, modificando la composición del Consejo y la Comisión de Aeronavegación.
La arquitectura de gobernanza de la aviación civil internacional entró en una fase de ampliación tras la entrada en vigor de dos enmiendas al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, luego de completarse el número requerido de ratificaciones por parte de los Estados miembros.
El cambio se produce después de que Ecuador depositara el 12 de junio de 2026 los instrumentos de ratificación de los protocolos relacionados con los artículos 50 a) y 56 del convenio, firmados en 2016 en Montreal. Con ese paso, se alcanzó el umbral de 128 Estados necesario para que ambas enmiendas entraran en vigor, de acuerdo con lo establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), durante un acto realizado en su sede en Montreal.
Con la activación de los protocolos, el Consejo de la OACI pasará de 36 a 40 Estados miembros, mientras que la Comisión de Aeronavegación ampliará su composición de 19 a 21 integrantes. Estas instancias concentran la toma de decisiones políticas y técnicas del sistema de aviación civil global, incluyendo la revisión de estándares operacionales y recomendaciones técnicas que orientan la operación aérea internacional.
El depósito de Ecuador tuvo efecto determinante al corresponder al ratificador número 128, condición exigida para la entrada en vigor de las enmiendas. Este proceso forma parte de la actualización del llamado Convenio de Chicago, marco jurídico que estructura la cooperación internacional en materia de aviación civil.
Tras la entrada en vigor, el Consejo de la OACI evalúa la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea para la elección de los cuatro nuevos integrantes del Consejo. También se prevé la designación de dos miembros adicionales para la Comisión de Aeronavegación, decisión que quedará en manos del órgano rector de la organización.
El presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, señaló que una representación más amplia de los Estados permite integrar de manera más equilibrada las prioridades nacionales en los procesos de decisión vinculados al desarrollo del transporte aéreo, en un contexto de mayor cooperación regulatoria internacional.
