La normativa ratifica la obligatoriedad de ingresar al Parque Nacional con guías acreditados, una disposición vigente desde hace tres décadas que ahora se fiscaliza en conjunto con la Armada nacional. Un cuerpo de 300 guardaparques y sistemas digitales supervisarán la aplicación de estas medidas, que incluyen la navegación y el avistamiento marino.
La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) oficializó un paquete de reformas regulatorias que elevan las restricciones para el ingreso al archipiélago, con énfasis en el contacto con la fauna nativa, el uso de herramientas tecnológicas y las modalidades de los recorridos. Las nuevas directrices buscan actualizar los protocolos de convivencia en los territorios bajo conservación frente al alza de los flujos de visitantes de los últimos años.
El estatuto general de permanencia y las pautas de conducta estructuradas para el Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos definen obligaciones de carácter vinculante para vacacionistas, residentes, operadores de turismo, orientadores, científicos y medios de comunicación que ejercen actividades en estas áreas resguardadas.
Las determinaciones vigentes abarcan rangos de separación física con los animales autóctonos, el tránsito exclusivo por rutas marcadas, las gestiones logísticas de las empresas, capturas fotográficas o audiovisuales, el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas y la obligatoriedad de contratar personal de acompañamiento certificado, con excepción de los espacios que la DPNG defina de otra manera.
Para Eliecer Cruz, director del Programa Galápagos de la Fundación Jocotoco, estos artículos constituyen esencialmente una modernización de los lineamientos que ya operaban en las islas.
El funcionario puntualizó que los esquemas de comportamiento para los usuarios datan de los periodos iniciales de la actividad vacacional en la región, adaptando e introduciendo requerimientos específicos a medida que emergieron prioridades de gestión ecológica. Cruz identificó que una de las secciones que experimentó una extensión real corresponde al avistamiento de mamíferos marinos.
El dictamen fija un alejamiento mínimo de 100 metros en el caso de ballenas y de 50 metros para los delfines, medidas que deben multiplicarse por dos si se detectan ejemplares jóvenes o crías dentro del grupo.
De igual forma, el transporte fluvial debe ejecutar los acercamientos por los costados posteriores y manteniendo una dirección paralela a los ejemplares, quedando vedado obstaculizar su recorrido, cercarlas o posicionar los navíos en el centro de las agrupaciones.
Otra de las normativas ratificadas se enfoca en la exigencia de acceder a los sectores protegidos con la supervisión de un asesor técnico debidamente autorizado por la localidad.
El directivo aclaró que dicho mandato no es inédito en el marco legal vigente, puesto que el requerimiento de que las delegaciones recorran el Parque Nacional con guía calificado opera desde hace más de 30 años.
Las labores de fiscalización, según detalló, se coordinan de forma conjunta con las autoridades portuarias y la Armada del país, entidades encargadas de revisar el estado mecánico de los barcos y la inclusión de los técnicos durante las excursiones.
Además, calculó que las islas cuentan con una plantilla numerosa de estos profesionales del turismo, quienes reciben su remuneración de las corporaciones privadas del sector, aunque su capacitación y licencias dependen de la jefatura del parque.
En este sentido, informó que las reservas terrestres y marítimas disponen de un cuerpo cercano a los 300 guardaparques, apoyados por plataformas de seguimiento digital y tareas de patrullaje.
